El gobierno de San Sebastián de los Reyes, el mismo que se cargó los espacios de libre expresión en las calles y eliminó a los grupos de la oposición de la revista municipal la Plaza, ha decidido regalarle a la empresa Parcesa, la de los cementerios y tanatorios, dos páginas centrales del último número de la Revista la Plaza. No se trata de una información o reportaje sino un artículo publicitario de autobombo, titulado «Parque Cementerio de San Sebastián de los Reyes, un proyecto necesario a la altura de un gran municipio».
Parcesa, es la empresa gestora del cementerio municipal de Sanse, privatizado también por este gobierno. Esta empresa presentó un proyecto de cementerio crematorio para San Sebastián de los Reyes, con el aval de PSOE y Ciudadanos, que fue recurrido por Izquierda Independiente y rechazado por la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, hace apenas unos meses.
Ahora, y de nuevo con la connivencia del gobierno de Narciso Romero y Miguel Ángel Martín Perdiguero, Parcesa intensifica su ofensiva, recurre la paralización del proyecto y utiliza la revista municipal, sufragada con dinero público, para presentarnos el proyecto de un negocio privado, en la finca El Sotillo de Sanse.
El Ayuntamiento, en sesión plenaria, ha abordado en varias ocasiones la problemática respecto a la insuficiencia de instalaciones funerarias en el municipio. El actual cementerio municipal, privatizado, es pequeño para el desarrollo que ha sufrido Sanse en las últimas décadas, y se hace necesario contemplar nuevas instalaciones. El pleno municipal así lo acordó, pero dejando claro que debería ser un cementerio-crematorio municipal, no privado.
Al gobierno de PSOE y Ciudadanos los acuerdos plenarios les importan un pito, demostrado más que de sobra está los reiterados incumplimientos de acuerdos plenarios, y esta es una más.
Ante la presión de Parcesa y el gobierno local, Izquierda Independiente ha hecho público que se ha personado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender los intereses públicos y velar por la no construcción de este cementerio-crematorio privado que pretende instalarse cerca de viviendas, y al que el Ayuntamiento pretendía perdonarles más de un millón de euros en tasas municipales.