La cruda realidad de nuestros mayores en la Comunidad de Madrid se puede resumir en las grotescas palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recientemente en sede parlamentaria, queriendo justificar la injustificable decisión de los protocolos que impidieron su traslado a centros sanitarios desde las residencias de mayores durante lo más duro de la pandemia provocada por el COVID19, que supuso miles de muertes en soledad y abandonados a su suerte.
Una presidenta más preocupada por la “fruta” hacia Pedro Sánchez que de la ciudadanía de su región, de su Sanidad Pública, de la Educación Pública o de la situación de los colectivos más vulnerables como nuestros Mayores.
A pesar de la legislación vigente, esa a la que apela Ayuso cuando le interesa, como lo establecido en la Constitución Española en su artículo 50, que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”, o la ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la cruda realidad de nuestra comunidad es mucho más trágica.
Aunque, siempre puede haber un giro de tuerca más, como lo acontecido recientemente en la Residencia de Personas Mayores “Moscatelares” de San Sebastián de los Reyes, donde, presuntamente, al menos dos ancianas habrían sufrido abusos sexuales por un trabajador del centro, y que, a pesar de la actuación de policía y judicatura, sigue libremente en la calle y con solo una orden de alejamiento del centro. Además, con la incertidumbre de si hay más usuarias en esta tremenda situación en el citado centro.
Una residencia llena de situaciones inconcebibles, denunciadas por los propios usuarios y sus familiares, e incluso por trabajadores, y reconocidas por la propia administración regional como en el caso de las comidas caducadas o en mal estado. Pero, la raíz del problema o de los problemas, es el sistema que premia a aquellas empresas adjudicatarias de centros como este, públicos pero privatizada su gestión, que ofertan menor coste para la Comunidad de Madrid u otras.
Es inconcebible en un país europeo en pleno siglo XXI, que en España y en la Comunidad de Madrid, los derechos de nuestros mayores sean pisoteados con la inacción o complicidad implícita de quienes deben velar por su cumplimiento. Ayuso debe revertir la gestión de este tipo de centros al ámbito público, y ella y el resto de los responsables en esta materia deben variar el modelo de “aparcamiento” de mayores en centros, por el de humanizar y mejorar el funcionamiento de las residencias de personas mayores, centros de día o cualquier otro servicio público que se les preste, ese debe ser el camino.
La Plataforma Sanidad Pública Zona Norte, la Asociación de Vecinos de Sanse o cualquier otro movimiento implicado debe exigir ese cambio de rumbo y la asunción de responsabilidades a aquellos que correspondan, con acciones en la calle y con acciones institucionales, el ámbito sociosanitario de nuestros mayores es un derecho a preservar y mejorar sin ninguna duda, a pesar de la cruda realidad.
Miguel Ángel Fernández García
Portavoz Plataforma Sanidad Pública Zona Norte