La Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ha dictaminado que, en abril de 2023, un cargo de confianza de Ciudadanos, firmó por su cuenta contratos irregulares que supusieron un coste de 40.000 euros de dinero público. Y todo ello pese a que las diferentes mesas de contratación del Ayuntamiento se opusieron a tramitar los contratos para el concierto central de las fiestas del 2 de mayo, informa Izquierda Independiente.
Este ex asesor del grupo municipal presidido por Miguel Ángel Martín Perdiguero y las personas implicadas del anterior gobierno podrían enfrentarse a cargos de falsedad en documento público y/o usurpación de funciones públicas. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes estudia interponer acciones penales. El cantante Antonio Carmona aún no ha cobrado.
En el último pleno ordinario del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes el nuevo gobierno del Partido Popular ha llevado la reclamación de la deuda con el grupo que asciende a más de 36.000 euros más intereses. También ha presentado las resoluciones que muestran irregularidades muy graves en esta contratación, como que fue “troceada” en varios contratos para sortear la negativa de la mesa de contratación.
El caso ha sido llevado a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que ha emitido un informe, al igual que la Asesoría Jurídica municipal tal y como indica la resolución llevada al Pleno Municipal, en la que también se señala: “…es un documento de corte contractual presuntamente falso: por estar suscrito por una persona que su cargo no le habilita para ello, con nombre falso sin corresponder a persona real y con DNI falso, sin firma electrónica, sin el formato del Ayuntamiento y sin intervención de ningún órgano administrativo cualificado”.
Según se deduce de las resoluciones, un ex asesor político del grupo Ciudadanos/Vecinos Por Sanse junto a miembros del anterior gobierno municipal liderado por el socialista Narciso Romero, podrían ser presuntamente responsables.
Informa Izquierda Independiente que estas actuaciones, que también están en manos de la Asesoría Jurídica municipal, podrían ser constitutivas de delito de falsedad en documento público y/o usurpación de funciones públicas.
“Ahora que hemos visto estas resoluciones y el dictamen de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid aumenta nuestra sospecha de que se pudo utilizar esta actuación artística como forma encubierta de realizar propaganda electoral, pagada con dinero público, de los partidos del entonces gobierno municipal PSOE y Cs/Vecinos Por Sanse a un mes de las elecciones municipales. Las irregularidades detectadas son muy graves y demuestran un desprecio absoluto por los intereses y el dinero público que es necesario aclarar. Por eso hemos pedido al actual gobierno que acuda a los tribunales”, afirma Juan Torres García, concejal y portavoz de Izquierda Independiente.
Ante esta situación, tras estudiar el proceso de contratación y recabar todas las pruebas existentes, el Ayuntamiento -al margen de todas las actuaciones administrativas que se desarrollen- está estudiando interponer acciones penales por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público y usurpación de funciones. Además, exigirá el pago de los 36.000 euros del evento a quienes hubieran participado en la contratación, presuntamente irregular.
El equipo de Gobierno no dará ninguna declaración a los medios de comunicación hasta que la Justicia se pronuncie, más allá de mostrar su firme compromiso en la lucha contra la corrupción.