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Sancionados 45 días sin empleo ni sueldo… por protestar

El pasado miércoles, 4 de marzo, a las 12.00 y a las 18.00 horas, se llevaron a cabo dos
concentraciones frente al Hospital Clínico San Carlos, perteneciente al Servicio Madrileño de Salud. La limpieza del hospital fue privatizada y actualmente es gestionada por la empresa Garbialdi. Dicha empresa sancionó con 45 días de empleo y sueldo a cuatro miembros del comité de empresa por repartir un escrito entre trabajadores y usuarios del hospital denunciando la falta de medios materiales para llevar a cabo una limpieza adecuada. Reproducimos a continuación el comunicado que nos ha hecho llegar el comité de empresa.


La distribución del escrito se debió a la falta de respuesta por parte de la empresa y la gerencia del hospital a varias cartas en las que el comité de empresa les notificaba la falta de medios (como mopas, papel higiénico y desinfectantes para llevar a cabo su labor). Las concentraciones han contado con la presencia de cerca de 75 personas pertenecientes a la plantilla de la empresa, trabajadores del resto del hospital, vecinos y compañeros de otros hospitales. Han apoyado las concentraciones, reuniéndose con las personas afectadas, los diputados de la Asamblea de Madrid Mónica García (Más Madrid), Vanesa Lillo (Unidas Podemos) y José Ángel Chamorro [PSOE].

La situación de la limpieza en el hospital continúa siendo muy deficiente, como denuncian sus trabajadores públicamente y en redes sociales. A la falta de material se suma la acumulación de bolsas de basura por retirar. Los propios pliegos del contrato público permiten el desabastecimiento de papel higiénico por periodos de hasta 6 días, circunstancia que la empresa explota al máximo.

Aparantemente, Garbialdi tomó represalias debido a la presión de la gerencia del hospital por la mala publicidad que se estaba generando, pero también como provocación a la plantilla de limpieza.

Actualmente Garbialdi explota este servicio con el contrato prorrogado, a falta de una nueva licitación del contrato público, que no se llevó a cabo por no haberse aprobado aún los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La prórroga del contrato se llevó a cabo por un importe que se sospecha que la empresa considera insuficiente.

Las medidas de presión sobre la plantilla podrían pretender que estalle un conflicto con el que poder presionar a la Consejería de Sanidad para obtener mayores ingresos, o incluso perder el contrato público y sus condiciones desfavorables, para poder concursar de nuevo cuando se convoque con una mejor dotación económica, ya que la normativa penaliza severamente a las empresas que renuncian a contratos públicos por propia iniciativa.

A las sanciones se le suma la posible causa de presión para negociar un convenio que denunció la empresa en octubre del 2019, para coaccionar, debilitar y someter al Comité de empresa en esa negociación. También sufren estos miembros del Comité un veto para ejercer su labor
sindical y acudir a asambleas, informar, recepcionar documentos, etc.

Ante estas provocaciones, el comité de empresa continuará convocando movilizaciones y solicitando el apoyo de usuarios y compañeros.