La jornada sobre «Nuevas formas de gobierno» del pasado sábado 5 de Noviembre, organizada por Izquierda Independiente, puso sobre la palestra el asunto de la remunicipalización de servicios públicos privatizados. Este término tan difícil de pronunciar, remunicipalización, significa volver a gestionar con empleados públicos los servicios del municipio que se habían entregado a empresas privadas. Concretamente en Sanse era uno de los ejes fundamentales del acuerdo de gobierno firmado en Junio de 2015 por el tripartito de izquierdas (PSOE, Izquierda Independiente y Ganemos Sanse), partidos que también lo incorporaban en sus respectivos programas electorales.
Sin embargo, desde que accedieron al gobierno hace casi 18 meses, no se ha remunicipalizado ni un solo servicio público. Ocasiones ha habido varias, ya que es premisa fundamental que finalice el contrato con la empresa privada para poder devolver el control al Ayuntamiento, pues de otro modo se podría incurrir en costosas compensaciones. Algunos ejemplos pueden ser el servicio de teleasistencia, cuyo procedimiento de contratación se inició en la junta de gobierno del 17 de Agosto de 2016, el contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos (adjudicado en la junta de gobierno del 15 de Marzo de 2016), el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento (también se da inicio al procedimiento en esta última junta), el servicio de limpieza de edificios municipales (junta de gobierno del 19 de Julio) o el contrato para las actividades del Centro de Naturaleza Dehesa Boyal cuya diligencia se inició el pasado 4 de Octubre.
La razón que vienen argumentando los responsables municipales es que la actual Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 impide a los municipios asumir servicios privatizados si se dan alguna de estas 3 premisas: una, que el coste sea mayor para el ayuntamiento, lo cual es difícil ya que se ahorraría el IVA y el beneficio industrial. Dos, que no sea una competencia propia del Ayuntamiento, que en ninguno de los ejemplos anteriores se cumple. Y tres, que no se aumenten la plantilla global del Ayuntamiento más sus empresas públicas. Este quizás sea el punto más delicado, pero, como se puso de manifiesto el pasado sábado por parte de Alberto Labarga, concejal de Aranzadi en el Ayuntamiento de Pamplona, ya son varios los municipios, incluido el suyo, que han podido sortear todas las trabas legales y llevar a cabo distintas remunicipalizaciones.
En el caso del consistorio de la capital navarra, se ha devuelto a le gastión pública la gestión del Museo de Educación Ambiental, con un ahorro para las arcas municipales de 40.000 euros y la contratación de 4 personas, que pasarán de tener un contrato precario y un salario de 11.550 euros brutos anuales a disfrutar de un empleo estable con un salario entre los 30 y los 33.000 euros brutos anuales. En Ayuntamiento pamplonica también ha iniciado los trámites para la remunicipalización a partir de enero de la prestación de los servicios de comedor en seis escuelas infantiles municipales y del de limpieza en otros tres centros, y está estudiando volver a gestionar el servicio de asistencia domiciliaria.
En Gijón, el pleno municipal daba luz verde el pasado 27 de Octubre a la remunicipalización del servicio de asistencia a domicilio. En Oviedo, el Ayuntamiento inició el 24 de Octubre los trámites de selección de 29 nuevas plazas para cubrir el servicio de recaudación municipal, decisión que ha sido recurrida por vía judicial por la actual empresa concesionaria del servicio. En A Coruña, el Ayuntamiento arrancó en Junio el procedimiento para recuperar el servicio de bibliotecas municipales que concluye durante este mes, con un ahorro estimado de 400.000 euros y la subrogación temporal de las 60 personas que prestan el servicio en la actual empresa concesionaria.
La remunicipalización de servicios no es sólo una cuestión económica, sino también social, ya que las empresas concesionarias suelen aumentar sus beneficios a costa de sus trabajadores, que tienen que soportar en la mayoría de los casos contratos precarios con salarios indignos. Además, en muchos casos, los Ayuntamientos contratantes no ejercen su función fiscalizadora sobre el cumplimiento de los contratos, dando lugar a situaciones como la vivida en Sanse con el servicio de recaudación municipal, que no cobró recibos a bancos y grandes superficies durante los mandatos de varios equipos de gobierno causando un perjuicio de más de 15 millones de euros.
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