El Supremo ratifica la condena a Hásel por enaltecimiento del terrorismo

Ayer el Tribunal Supremo confirmó la condena al rapero Pablo Hásel por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad. Amnistía Internacional ha publicado en su perfil de Twitter un hilo que Esloquehay reproduce a continuación. Dice así.

Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso.

Llevamos años pidiendo que se elimine el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. También creemos que las injurias a las instituciones del Estado deben desaparecer. ¿Por qué? No cumplen con los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. El Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que:
i) Incitan de manera directa a cometer actos violentos
ii) Si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y
iii) Si existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos.

Rapear no es un delito, así como tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre.

Muchas personas usuarias de redes sociales, pero también músicos, periodistas e incluso titiriteros/as han sido procesadas en los últimos años por el delito de enaltecimiento del terrorismo. También @PabloHasel

Nos oponemos a la criminalización del insulto o las faltas de respeto hacia Jefes de Estado u otras instituciones, como las Fuerzas de Seguridad. Usar el Código Penal con el propósito o efecto de inhibir la crítica legítima a las instituciones viola la libertad de expresión.

En la futura reforma del Código Penal, estos delitos deben ser eliminados, y se debe garantizar que ninguna de sus disposiciones criminalice de manera indebida expresiones ni creaciones artísticas amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Y seguimos pidiendo la modificación de la Ley Mordaza

Amnistía Internacional