Casi siempre que alguien saca los pies un poco del tiesto, la maquinaria del estado y de los poderes fácticos se pone rauda en funcionamiento para que el rebaño se alarme ante los comportamientos «anti-sociales» y en contra de la mayoría para así poder aplicar el rodillo sin que la opinión pública se inquiete lo más mínimo. Con motivo de la huelga de los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de Barcelona, de la empresa Eulen, el ministro de fomento, Iñigo de la Serna, advertía que «la decisión de unos pocos no puede afectar a millones». De acuerdo, señor ministro, pero deje que los ciudadanos y ciudadanas de este país hagamos propio su argumento y nos rebelemos ante las resoluciones que adopte el Consejo de Ministros. No puede ser, según su razonamiento, que lo que determinen 14 personas que se reunen en el Palacio de la Moncloa nos perjudique a 46 millones.
El señor de la Serna ha traspasado una línea muy peligrosa ordenando a la Guardia Civil que se ocupe de las tareas de unos trabajadores que están ejerciendo su legítimo derecho a la huelga. Eso se llama conculcación de un derecho básico, y se está llevando a cabo desde esta misma mañana en España, no en Venezuela. ¿Alguien imagina que, por ejemplo, la Policía Nacional se pusiese en huelga y sus labores las realizásemos ciudadanos de a pie? Pero no sólo eso, el gobierno y la Generalitat, así como sus medios afines, se han lanzado una vez más en una campaña feroz de criminalización de un colectivo que sólo pretende tener unas condiciones de trabajo un poco más justas. Pasó recientemente con los estibadores, cuya patronal pretendía borrar de un plumazo los derechos laborales adquiridos en décadas de esfuerzo. Pero la caverna mediática llama ya abiertamente a revisar el derecho de huelga, utilizando el mismo argumento que el ministro. Son asalariados también, sí, pero de los que ni en sueños morderían la mano de su amo.
Y luego estamos nosotr@s, lo que llaman «la opinión pública». No nos importa que se corte el tráfico de decenas de calles todas las semanas varias veces porque juega un equipo de fútbol pero nos rasgamos las vestiduras porque tenemos que aguantar 30 minutos más de cola en un control de seguridad. Un registro que se sigue haciendo con la misma profesionalidad, pero algo más lento porque Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos, prefiere ahorrarse dinero contratando a empresas que precarizan a sus trabajadores. Empresas como Eulen que en mitad de la crisis aumentan espectacularmente sus resultados acudiendo a cualquier concurso público (restauración, limpieza, seguridad, incluso escuelas infantiles) y ofertando unos costes que sólo permiten prestar esos servicios a costa de explotar a sus trabajadores. La anterior concesionaria del servicio de seguridad de El Prat pagaba 1300 euros mensuales a sus asalariados. Eulen les paga 900. Si tuviésemos un mínimo de decencia no solo no criticaríamos la actitud de estos trabajadores sino que llenaríamos las terminales del aeropuerto exigiendo para ellos un salario digno. Y más teniendo en cuenta que gran parte de la seguridad que demandamos cuando viajamos en avión corre de su parte.