Mientras en la Unión Europea el Gobierno de España amenazaba con bloquear cualquier acuerdo con Turquía que permitiese expulsiones colectivas, en la frontera Sur continúan las devoluciones en caliente.
Resultan chocantes las declaraciones del Señor Ministro de Exteriores (en funciones ya por demasiado tiempo) manifestando que España bloquearía cualquier acuerdo de la UE con Turquía que posibilitase las expulsiones colectivas ya que la propuesta «era contraria a la legalidad internacional, a la Convención de Ginebra y los Tratados europeos, en concreto el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento (de la UE)«. Días después, la guardia civil, que, no olvidemos, depende orgánicamente de dicho ministro, se pasaba nuevamente por el forro el Derecho Internacional y la Convención de Ginebra al expulsar «en caliente» a todos los inmigrantes que consiguieron saltar la valla de Melilla.
El Derecho Internacional y la Convención de Ginebra exigen que antes de una expulsión de un ser humano, se verifique primero si quiere solicitar asilo por motivos políticos, religiosos, sexuales, etc. Pero nuestro ministro, el mismo que con enorme gozo condecora vírgenes a lo largo y ancho de la península, considera que esas personas, que efectivamente se encuentran en territorio patrio una vez superado el obstáculo de concertina, no han superado «el mecanismo antiintrusión», artificio elucubrado por las brillantes mentes del ministerio, entre ángelus y misa dominical, para incluir a los agentes de la benemérita en el concepto de frontera, lo que a todas luces es un despropósito… como un templo.
No contento con eso, el máximo representante (en funciones) del Ministerio indica que el procedimiento que se negociaba con Turquía «es contrario a la moral y a la justicia«, porque «es tratar a seres humanos como si fueran maletas«. Quizás estaría bien recordarle al susodicho algunos de los principios del catolicismo que con tanto ahínco practica, cuando quiere, o preguntarle si estima diferentes a los refugiados que se agolpan en Idomeni de los que sobreviven en el monte Gurugú.
Inmoral desde luego es un acuerdo que paga miles de millones de euros a un país para que el «problema» no se extienda ni salpique más a la Europa «civilizada» sin importarnos las condiciones en las que los refugiados puedan subsistir. Ojos que no ven…
El Tuerto