Jussara Malvar, concejala de Bienestar del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, afirma estar «mediando para tratar de encontrar una solución» en el desequilibrado contencioso entre el fondo buitre Lazora, propietario del inmueble de la Calle Juan Gris nº3, y los inquilinos. Así lo manifestó, delante de las familias afectadas presentes en el Pleno ordinario del Ayuntamiento del pasado 21 de junio y tras la intervención del concejal Julián Serrano Pernas que trasladó en forma de pregunta la situación angustiosa de estos vecinos, y la ausencia de respuesta y amparo por parte del gobierno municipal
Las familias. que no han logrado mantener encuentro alguno con la concejala de bienestar social, a pesar de su reiterada petición, se muestran sorprendidas. Entienden que para mediar entre Lazora y los vecinos deberían dialogar con ambas partes, y con ellos no han hablado, ni conocen cuales son sus demandas.
Como ya hemos contado en Esloquehay, las familias que habitan en el inmueble de la Calle Juan Gris,3 de San Sebastián de los Reyes, tienen un régimen de alquiler por el que pagan en la actualidad 600€ mensuales, su arrendador el propietario del inmueble, Lazora S.A, aumenta el precio hasta los 1000€ mensuales al vencimiento de cada contrato. Esta insultante subida del 67%, resulta insoportable para cualquiera, pero más aún para estas familias que accedieron a unas viviendas de alquiler social que pasaron de los 300€, a los 600€, y de los 600€ a los 1000€.
Familias afectadas asistieron al pasado pleno ordinario del Ayuntamiento de S.S. de los Reyes, portando carteles en los que podía leerse «Lazora estafadora» o «Lazora fondo buitre». Su presencia en el Pleno viene precedida de infructuosos intentos de diálogo, tanto con Lazora como con el gobierno municipal. Ante este silencio el concejal Julián Serrano Pernas de Si Se Puede, trasladó al pleno la situación angustiosa por la que pasan estas familias y preguntó a la concejala de Bienestar Social Jussara Malvar, el motivo para no haber concedido la reunión solicitada a los vecinos, en parecido sentido se manifestó también la concejala de Izquierda Independiente, Belén Ochoa.
Los vecinos estaban allí para escuchar, y no les gustó lo oido. No les gustó la forma, pero tampoco el contenido.
La concejala Jussara Malvar miembro del gobierno y del grupo municipal Ganemos Sanse, afirma que el Ayuntamiento ya está mediando con Lazora, pero aun no se han sentado, ni a oír ni a hablar, con los vecinos afectados. Están mediando para que Lazora dialogue con sus inquilinos, quienes desde el gobierno no responden ni se reúnen con sus vecinos.
El Gobierno municipal le pide a Lazora que atienda el problema de aquellas familias a quienes les vence el contrato de alquiler este año. Y no es eso lo que los vecinos y vecinas de Juan Gris 3 plantean. No quieren fraccionar ni falsear el conflicto, quieren soluciones justas a un problema social que hay que resolver y que les atañe a todos. A los que les vence este año y los que les vencerá uno, o tres, o doce, o dieciocho meses después, a todas y cada de las familias de la Calle Juan Gris 3 de Sanse. Y de cualquier otro lugar.
El Ayuntamiento en este conflicto «solo puede mediar» porque se trata de «Un contrato entre particulares», así resume Jussara Malvar, concejala de Bienestar Social y representante de Ganemos Sanse, el papel de consistorio ante este problema social y humano, que afecta al cumplimiento de un derecho humano, la vivienda.
«Un contrato entre particulares» es la relación de los vecinos de Juan Gris 3, con su arrendador Lazorla SA. Jurídica, administrativa o legalmente así será, pero lo importante de este contrato entre particulares es su objeto social. Los inquilinos que accedieron a viviendas en alquiler social en la Calle Juan Gris 3, el objeto social de su contrato era precisamente el»alquiler social» o «alquiler asequible» en viviendas de protección oficial.
Ninguna responsabilidad tienen los inquilino de la compra venta del inmueble, de que fuera a parar a manos de una Empresa Lazora SA, que viene extorsionando a multitud de familias más allá incluso de las fronteras de Sanse. Nada tienen que ver los vecinos con que su nuevo dueño levantara la protección de la viviendas en 2016 a pesar de que el objeto social de Lazora SA sea «La tenencia y gestion de inmuebles en regimen de proteccion oficial promovidos o no por la propia sociedad.»,
Y esta nueva situación de desprotección de lo que se concibió y aprobó politicamente como un espacio protegido destinado a vivienda de alquiler social para jóvenes y mayores, permite hoy que Lazora SA aplique una subida del 67% al precio del alquiler (de 600 a 1000€ mensuales). Semejante atrevimiento es una extorsión en toda regla para estas familias y para cualquiera, por mucho que jurídica, administrativa o legalmente pueda hacerse. Y una extorsión no es una relación justa ni igualitaria entre particulares por mucho contrato que haya de por medio.
Ante una situación de desamparo en un derecho básico como es la vivienda, las administraciones públicas no solo no pueden inhibirse sino que debieran ser proactivas. No sirve escudarse en la relación entre particulares cuando un derecho básico está en juego, una administración, un gobierno, está para velar por los derechos de los vecinos y vecinas y para asumir los retos de ofrecer soluciones.
Señora Jussara Malvar esto no es «una triste casuística» como Usted afirmó en el pasado pleno del 21 de Junio, esto es un drama para los afectados, pero también es un problema social de importantes dimensiones al que su gobierno no parece tener respuestas.