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La Jefa de Servicio de Asesoría Jurídica (en funciones) del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes echa por tierra el proyecto del Concejal de Patrimonio, Javier Heras (Ganemos Sanse) quien pretendía vender 3 parcelas municipales de la zona de Pilar de Abajo. El frenazo ha supuesto que el gobierno del tripartito no haya podido acometer ninguna de las grandes inversiones prometidas por falta de fondos. No es la primera vez que un informe jurídico obstaculiza los planes del Concejal. El pasado 8 de Septiembre, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid paralizaba la prórroga por otros 15 años del contrato de gestión del polideportivo Dehesa Boyal que pretendía firmar el edil con la actual concesionaria, Santagadea Gestión S.L. (aquí la noticia completa).
El 31 de Mayo la Junta de Gobierno aprobaba los expedientes de enajenación de las parcelas Z-01-01-1, Z-01-01-2 y Z-01-04-1 de la zona de Pilar de Abajo, junto al Paseo de Europa, fijando un precio máximo de venta de 790 euros por metro cuadrado de suelo edificable -a lo que habría que añadir un 21% de IVA-. Además, las claúsulas del contrato establecían que el precio máximo de venta de las viviendas resultantes no podría exceder de 2.425 euros por metro cuadrado construido de vivienda, a lo que habría que sumar el 10% de IVA (se puede consultar en el punto 1.1, «Definición del contrato», del pliego de claúsulas administrativas).
Para Javier Heras esta decisión respondía «únicamente a criterios sociales«. Sin embargo, en lugar de optar por cambiar el uso del suelo para poder realizar promociones de VPO, definía como precio máximo el importe de la Vivienda con Protección pública de Precio Limitado (VPPL). De esta manera, una vivienda de 90 metros con plaza de garaje y trastero superaría los 250.000 euros, un precio que en ningún caso puede calificarse de «social». Cualquier otra tipología dentro de las vivendas con protección pública que hubiese adoptado el consistorio hubiese supuesto unos precios de venta de entre un 20% y un 40% más baratos.
En el pleno municipal del 17 de Noviembre, el portavoz del Partido Popular, Raúl Terrón, solicitaba que se pronunciase, entre otros, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre el proceso de venta de las parcelas municipales. Bien es cierto que la argumentación del PP se basaba en que el precio de venta de los solares estaba por debajo de mercado lo que mermaría los ingresos municipales. Esta moción fue rechazada por los grupos que conforman el tripartito con el apoyo del concejal de Sí Se Puede Iván Cardador.
El Alcalde solicita un informe
Sin embargo, en la Junta de Gobierno del 29 del mismo mes es el Alcalde, Narciso Romero, quien paraliza la adjudicación de las tres parcelas hasta que los letrados del Ayuntamiento emitiesen un informe al respecto de las claúsulas que regían dicha venta. Como el propio pliego recoge, la apertura de sobres con las ofertas se había producido el 20 de Octubre, por lo que es de suponer que en el momento de la celebración de aquella junta el edil de Ganemos, quien a su vez presidía la mesa de contratación, ya tuviese el nombre de las empresas que iban a resultar adjudicadas.
Este medio ha tenido acceso al informe de los servicios jurídicos del consistorio en el que estos consideran que «existen razones de interés público que justifican la renuncia a la celebración de los contratos de enajenación de las parcelas«, concluyendo de manera tajante que los pliegos «no contienen los elementos necesarios que acrediten su plena legalidad«.
La Jefa del Servicio de Asesoría Jurídica basa sus conclusiones en dos aspectos. Por un lado, considera que el precio máximo de repercusión, establecido en 790 € más IVA por metro cuadrado edificable, no está justificado, ya que «no existe en el expediente administrativo ningún informe o documento que motive el importe establecido, dado que en el informe de tasación de fecha 10 de noviembre de 2015, se señala un valor de repercusión de 704,96 euros«. «Esta justificación» -continúa el documento-, «ha de hacerse con criterios de racionalidad expresados en los informes que fundamenten, en el caso analizado, la enajenación del suelo … a un determinado precio«. Terminala letrada este punto haciendo referencia al artículo 9.3. de la Constitución, que prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos en sus decisiones.
Freno a la especulación
Por otra parte, en lo relativo al precio máximo de venta de las viviendas resultantes, indica que «no se fijan obligaciones, plazos o condiciones de destino de estas fincas que permitan garantizar que el coste asumido legítimamente por el municipio, fijando un determinado valor de repercusión del suelo y un determinado valor de venta inicial de las viviendas, constituya un beneficio para los vecinos de San Sebastián de los Reyes, evitando que terceros… puedan especular con las viviendas«.
Se refiere la letrada al hecho de que el pliego no incluye ninguna claúsula que impida a los compradores vender las viviendas adquiridas, pues con la redacción del contrato de enajenación podrían venderlas al día siguiente de su adquisición y por el precio que libremente dispusieran. Este hecho, sumado a que no se establecía ningún procedimiento de concurso para el acceso a las vivendas, podría permitir, por ejemplo, que la promotora vendiese las viviendas a una filial suya por un importe de 2.425 euros el metro construido, y que esta a su vez las vendiese posteriormente por un precio un 20% o 30% superior, con el consiguiente beneficio para la compañía, que no para el conjunto de la ciudadanía de Sanse.
Cero inversiones
La Junta de Gobierno del pasado 24 de Enero aprobó iniciar de nuevo el trámite de venta de las tres parcelas de Pilar de Abajo, dotándolo, esta vez sí, de mecanismos que impidan que se pueda especular con las viviendas construidas en segundas transmisiones. El concejal de Patrimonio, Javier Heras, ha intentado justificar que dichas medidas no se tomasen en la primera redacción del pliego por problemas legales, sin aportar ningún informe al respecto.
La consecuencia principal de la impericia de la Delegación que preside Heras para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Sanse es el hecho de que, a día de hoy, ninguna de las grandes inversiones prometidas por el gobierno del tripartito haya podido ser acometida por falta de fondos. Tras más de año y medio de gestión nadie puede disfrutar aún del tan cacareado parque de La Marina, ni se ha acometido la remodelación de la calle Real. Apenas se han mejorado badenes en los barrios más jóvenes, aún no existe el aparcamiento gratuito junto al hospital y no se han acometido nuevas infraestructuras deportivas. Y lo que es peor, ni los ancianos de nuestra localidad cuentan con un nuevo centro de mayores, ni los niños y niñas del colegio público Buero Vallejo tienen ya su gimnasio.