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Las llegadas a costas españolas supusieron en 2017 casi el 13% de las llegadas por mar a Europa, frente al 2% del año anterior. La respuesta de España a este aumento de llegadas ha sido «improvisada y arbitraria» según denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
CEAR ha presentado en su sede el informe “Los muros invisibles tras la Frontera Sur” donde califica de “improvisada y arbitraria” la respuesta de las autoridades españolas ante el importante incremento de llegadas a costas españolas que se produjo el año pasado. La organización alerta de que en 2017 se triplicó el número de llegadas a costas españolas, superando las 22.000 y aumentó hasta las 223 muertes de personas tratando de llegar a nuestro país. “Esta situación pide a gritos una nueva política migratoria que no convierta a nuestras fronteras en lugares donde desaparecen los derechos de refugiados y migrantes”, afirmó Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
El informe analiza la realidad de distintos puntos de la costa andaluza así como Ceuta, Melilla, Canarias y Marruecos, donde se ha comprobado falta de información sobre su situación administrativa y graves dificultades para pedir asilo de las personas que llegan a nuestras costas. Además, tanto las instalaciones portuarias como los calabozos donde las personas migrantes son detenidas no reúnen las condiciones adecuadas ni cuentan muchas veces con intérpretes.
Desde CEAR señalan como “muy grave” que se utilice de forma sistemática las detenciones en los CIE de las personas que llegan por mar, sin tener en cuenta su situación individual, así como que la legislación española establece la privación de libertad como último recurso.
Además, apunta las dificultades en Melilla y Ceuta para pedir asilo. De hecho, en esta última ninguna persona pudo solicitar protección durante el año pasado en el puesto fronterizo de El Tarajal. Esto, unido a la falta de vías seguras, hacen que cada vez más personas que buscan refugio en España opten por rutas marítimas más peligrosas para llegar a nuestro país.
En este sentido, destaca como ejemplo el incremento de llegadas a costas andaluzas en embarcaciones de motor muy precarias o incluso con pequeños botes hinchables impulsados por remos. “Lo que para nosotros es un juguete para niños, al otro lado del Mediterráneo se convierte en el único medio que tienen muchas personas, menores incluidos, para tratar de buscar un futuro arriesgando sus vidas”, lamentó Galán.
Menores y trata
CEAR alerta de que tanto en la costa andaluza como en Canarias, Ceuta, Melilla se ha constatado una falta de identificación adecuada de menores no acompañados y una vulneración de la presunción de su minoría de edad. Además, en muchos casos los menores no cuentan con lugares específicos y deben compartir espacios con los adultos.
Por otra parte, desde el 2016 se detecta un incremento de mujeres víctimas de trata en costas andaluzas no solo procedentes de Nigeria, sino también de Costa de Marfil, Guinea Conakry o República Democrática del Congo. La falta de identificación adecuada de víctimas de trata provoca que muchas de ellas queden desprotegidas. Además, las redes de trata instruyen a las niñas para que se declaren como mayores convenciéndolas de que así podrán continuar mejor su trayecto migratorio.
Falta un plan estatal
Para CEAR los factores que han provocado este incremento de llegadas a nuestras costas van a continuar por lo que es necesario que el Gobierno elabore de forma urgente un plan de acción a nivel estatal que cuente con un protocolo para unificar la actuación ante la llegada de personas migrantes y refugiadas a costas españolas, y dar así respuesta a una situación “ante la que no se puede seguir improvisando”.
La frontera sur española tiene que dejar de ser un limbo en el que se desvanecen los derechos. “La posibilidad de solicitar asilo para las personas que huyen no puede depender del puerto al que se llegue”, sostuvo Galán. El informe se ha realizado en el marco del “Observatorio del derecho de asilo, las migraciones forzadas y las fronteras”, creado por CEAR y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID).